Las autoridades mexicanas registraron durante 2010 648 homicidios considerados crímenes de odio por homofobia, pero la realidad es que podrían ser mucho más: los expertos prevén que ese número, de los crímenes que sí fueron registrados, deba multiplicarse por tres sólo para incluir a la “cifra negra” de los que no fueron denunciados. Pero además está el hecho de que esa información sólo se refiere a 17 de las 32 entidades federativas del país.

Los datos fueron reunidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y presentados el viernes en Guadalajara, durante el primer foro “Voto incluyente. Políticas públicas para la diversidad sexual”, convocado por organizaciones ciudadanas en el Congreso del Estado con la finalidad de presentar ante legisladores propuestas de inclusión de la comunidad de diversidad sexual.

A la convocatoria acudieron académicos, funcionarios públicos y organizaciones civiles, que pugnan por la inclusión de dicha comunidad, y uno de los invitados fue Ricardo Hernández Forcada, director del Programa VIH/sida y Derechos Humanos de la CNDH, quien dio a conocer los números sobre los crímenes de odio por homofobia, recopilados por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia.

La CNDH solicitó información a las 32 entidades del país respecto a dichos crímenes mediante las averiguaciones previas, en cuanto a tres delitos, no sólo homicidios, sino también lesiones y a discriminación; sólo 17 estados emitieron la información solicitada, Jalisco entre ellos; los otros 15, entre ellos Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, no emitieron información al respecto.

El enviado de la CNDH dijo que la comisión detectó que en 696 expedientes de queja o averiguaciones previas existe este tipo de discriminación: se encontraron 30 quejas en la CNDH, 339 en los organismos públicos de protección de derechos humanos y 118 en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); de ellos, más de160 fueron homicidios.

Por otra parte se identificaron sólo tres denuncias penales por discriminación, lo que plantea si dicha tipificación es la vía para combatirla, expresó el especialista.

El experto en derechos humanos informó que se deben erradicar las prácticas que fomentan los actos de discriminación y sobre todo sancionar a quienes realizan estos actos, porque, de igual forma que otros delitos, éstos gozan de total impunidad.

Los siguientes pasos

Los participantes en el foro coincidieron en la necesidad de que México se ajuste a las propias leyes y acuerdos internacionales que ya tiene vigentes o ha firmado, con el fin de que se cumplan y que se obligue a las autoridades locales a ajustarse a ellas.

Uno de esos llamados fue precisamente el de un senador de la República: René Arce, legislador por el Distrito Federal, destacó que en la actualidad y, dado el presente proceso electoral, muy pocos de sus colegas en la Cámara Alta se atreven a defender abiertamente el concepto de una República laica que defienda, entre otras cosas, los derechos alusivos a la diversidad sexual: “No es posible regresar a religiones oficiales”, dijo al hablar sobre este tema y la reforma al artículo 24 de la Constitución, referida a la “libertad religiosa”: Todos tenemos derecho a practicar las creencias que consideremos que mejor nos convienen”.

José de Jesús Becerra Ramírez, coordinador del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), refirió que las autoridades federales ya han suscrito tratados de derechos humanos internacionales, “se requiere modernizar las leyes de acuerdo a lo que se suscribe en los tratados internacionales firmados para hacerlos valer”.

Expuso que los derechos humanos están ante todas las leyes y ésta es la única forma de avanzar hacia una democracia constitucional, que debe garantizar los derechos de todos los humanos y no sólo de las mayorías, es decir, no se debe permitir la discriminación a nadie.

Opinó que la tolerancia, el respeto y la inclusión forman parte de la Carta Magna mexicana, por lo que la sociedad debe empezar a hacer valer dichas normas y tratados y dejar a un lado cultura de la simulación: respetar a los llamados diferentes, a las minorías y lograr una sociedad plural.

Política y diversidad sexual

Patricia Betancourt, de la Red Mexicana de Mujeres Trans AC, indicó que Voto Colectivo Incluyente pretende que legisladores avalen reformas que permitan la inclusión de la comunidad de la diversidad sexual, “porque en la sociedad no se han visto avances en materia de derechos humanos para dichos grupos, por lo que existe mucha exclusión, desigualdad, violencia y discriminación”.

“Buscamos políticas y programas que promuevan la equidad y justicia social para avanzar hacia una ciudadanía plena en derechos”.

En su participación, estimó que los ciudadanos homosexuales, bisexuales, transexuales, e intersexuales requieren contar con información suficiente para participar en la vida política, emitiendo un voto razonado por los candidatos que mantengan posturas no discriminatorias hacia dicha comunidad.

Por su parte, la legisladora del PRD Olga Araceli Gómez Flores puntualizó que, por cuestiones de diversidad sexual se sigue padeciendo “un clima de intolerancia, desigualdad, discriminación, hacia estas personas que son atacadas, estigmatizadas, se les dan calificativos vergonzosos”.

Recordó que la Constitución establece que nadie puede ser objeto de discriminación por preferencias sexuales, aunque en la práctica se da todo lo contrario. En este tema instó la legisladora a la sociedad civil a que se organice y participe para erradicar estos comportamientos.

La diputada priista Mariana Fernández Ramírez opinó que en Jalisco nueve de cada 10 homosexuales se sienten discriminados, por la sociedad, para encontrar trabajo, para ingresar a sitios públicos.

“En Jalisco, en lugar de avanzar en leyes progresistas, parece que nos estamos yendo hacia atrás, con iniciativas de que, si una mujer quería esterilizarse para no tener más hijos, tenía que tener el consentimiento de su pareja. Luego la iniciativa de blindaje a la familia que planeaba un solo modelo de familia: papá, mamá, hijos”, dejando de lado a todos los demás.

Recordó que está en análisis la Ley de Convivencia, aunque aclaró, ante la pregunta de uno de los asistentes al foro, que no es un matrimonio, sino una figura jurídica.

Para el diputado Abraham González Uyeda, el tema de la diversidad sexual es un asunto de derechos humanos, es el punto de partida y en torno a esta afirmación donde se tiene que tratar este tema.

Se reconoce en la Constitución Política de México, en el artículo 1, el derecho a la no discriminación por razones de preferencias sexuales, apoyado por las declaraciones y convenios internacionales suscritos pro México y obligados a su cumplimiento.

En cuanto a la discriminación y a la vulnerabilidad, González Uyeda sostuvo que es un problema de cultura y de instituciones, lo que implica que debemos tener, al mismo tiempo que políticas públicas, el establecimiento de una cultura que lleve a reconocer la composición del mosaico que es la conformación de la sociedad.

Por su parte, el legislador panista José Antonio de la Torre Bravo aclaró que el tema no es tolerancia, sino respeto a las distintas maneras de pensar.

Fuente: Informador.

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.